Leslie Moreno fue atacada con ácido hace 11 años y su agresora sigue libre: ¿qué pasó con su caso?

En entrevista con Guillermo Ortega, Leslie Moreno Muñoz recordó que han pasado 11 años desde que fue atacada con ácido muriático en Hidalgo y el proceso judicial por la agresión todavía no llega a una sentencia. El caso, ocurrido el 26 de agosto de 2015, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los referentes de la lucha contra la violencia ácida en México y llevó a la sobreviviente a impulsar cambios legales para castigar con mayor severidad este tipo de agresiones. Sin embargo, mientras la legislación avanzó, la resolución de su propio expediente permanece pendiente.

Leslie asegura que el único testigo de su caso fue asesinado y actualmente enfrenta una demanda civil por daño moral interpuesta por la presunta autora intelectual de la agresión. La sobreviviente sostiene que durante más de una década ha tenido que enfrentar no solamente las consecuencias físicas y emocionales del ataque, sino un prolongado recorrido por las instituciones para intentar obtener justicia.

La agresión ocurrió cuando Leslie tenía 30 años y trabajaba como odontóloga. Al salir de su centro laboral en Pachuca, un hombre se aproximó y le lanzó una sustancia corrosiva directamente sobre el rostro y el cuerpo. El ácido alcanzó cara, cuello, espalda, brazos y manos, además de provocar lesiones internas en la boca. Leslie logró buscar ayuda y fue trasladada a un hospital, donde comenzó un tratamiento que se prolongaría durante años.

Desde las primeras investigaciones, Leslie sostuvo que el ataque había sido planeado y que detrás se encontraba una persona de su entorno laboral. Su señalamiento se dirigió contra una excompañera de trabajo que, según su testimonio, estaba interesada sentimentalmente en quien entonces era su pareja.

Una agresión que, según Leslie, comenzó a prepararse días antes

Con el paso de los años, Leslie ha reconstruido una serie de acontecimientos que inicialmente no relacionó entre sí. Dos días antes de ser atacada, recordó que un hombre se acercó a su automóvil. En aquel momento creyó que podía tratarse de un intento de robo y comentó lo sucedido con otras personas de su trabajo.

El día del ataque también detectó comportamientos que posteriormente consideró relevantes para la investigación. Leslie aseguró haber observado a su agresora revisando una agenda personal en la que tenía información sobre sus actividades y horarios. También relató que sus compañeras abandonaron la clínica antes de lo habitual, por lo que terminó quedándose sola.

Cuando salió para dirigirse a su vehículo apareció nuevamente el hombre que había visto días atrás. En esta ocasión llevaba un recipiente con la sustancia corrosiva.

Leslie inicialmente pensó que estaba frente a un asalto e incluso intentó entregar sus pertenencias. Sin embargo, el agresor continuó arrojándole el líquido, principalmente hacia el rostro y el cuello. Las lesiones se extendieron por buena parte de la parte superior de su cuerpo y marcaron el comienzo de numerosas intervenciones y tratamientos médicos.

Las investigaciones posteriores apuntaron hacia su compañera como presunta autora intelectual, mientras que el hombre señalado como autor material habría formado parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. La mujer fue detenida en marzo de 2023, pero posteriormente recuperó su libertad luego de que un juez determinara que existieron violaciones al debido proceso.

La decisión provocó inconformidad entre Leslie y organizaciones que acompañaban su caso. La propia Procuraduría estatal anunció entonces que apelaría la resolución al considerar que la determinación judicial había sido incorrecta. La liberación no significó que la sospechosa fuera declarada inocente de las acusaciones, sino que estuvo relacionada con irregularidades procesales detectadas por el juzgador.

El único testigo del caso fue asesinado

Otro episodio complicó todavía más el proceso. Mauricio Alejandro, identificado como un testigo fundamental dentro del expediente, desapareció después de rendir su declaración y posteriormente las autoridades confirmaron a Leslie que había sido asesinado.

La muerte adquirió especial relevancia para la sobreviviente porque su testimonio formaba parte de los elementos utilizados para reconstruir lo sucedido alrededor del ataque. Leslie ha expresado públicamente preocupación por las consecuencias que su ausencia puede tener para el procedimiento judicial.

A ello se suman las acusaciones que la odontóloga ha realizado durante años sobre presuntas irregularidades durante la investigación. En 2019 denunció ante autoridades anticorrupción a un agente investigador que, según su versión, le habría solicitado dinero a cambio de ayudarla con el expediente.

Leslie también ha cuestionado por qué transcurrieron años antes de que las investigaciones permitieran identificar al presunto autor material y su supuesta relación laboral con la propia institución encargada de investigar los hechos.

Ahora existe un elemento adicional. A 11 años de la agresión, Leslie enfrenta una demanda civil por daño moral promovida por su agresora, situación que la sobreviviente considera una nueva presión mientras continúa sin resolverse penalmente el ataque que sufrió.

La Ley Leslie avanzó antes que el caso que le dio origen

Mientras el expediente judicial permanecía abierto, Leslie convirtió su experiencia en una lucha para modificar las leyes de Hidalgo. La iniciativa que comenzó a impulsar años atrás terminó convirtiéndose en la denominada Ley Leslie, dirigida a reconocer y sancionar específicamente las lesiones ocasionadas mediante sustancias químicas o corrosivas.

El Congreso de Hidalgo aprobó en julio de 2024, con 21 votos a favor, modificaciones al Código Penal estatal para incorporar un capítulo específico sobre lesiones inferidas por sustancias químicas y corrosivas. La reforma estableció penas base de seis a 16 años de prisión, además de multas, y contempló agravantes que pueden llevar las sanciones hasta 32 años de cárcel.

Las penas pueden aumentar dependiendo de las circunstancias de la agresión y de las consecuencias ocasionadas a la víctima. La legislación busca reconocer que utilizar ácido u otras sustancias corrosivas puede producir daños permanentes que van mucho más allá de una lesión convencional.

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