Silvano Aureoles falta a audiencia donde la FGR le imputaría cargos de peculado y asociación delictuosa
Silvano Aureoles no se presentó a la audiencia en la que se le imputarían cargos por peculado y asociación delictuosa relacionados con un desfalco millonario
Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, no se presentó este miércoles a la audiencia programada en su contra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, programada a las 10:00 horas, donde solo acudió solo su abogado, Ángel Echegaray, quien dijo desconocer las razones de la ausencia de su cliente.
"Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representante", dijo la defensa del exgobernador.
En la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto imputarle los delitos de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con un presunto desvío de 3,412 millones de pesos durante su mandato.
Aureoles, quien es prófugo de la justicia desde finales de febrero de este año, enfrenta acusaciones por la malversación de recursos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal en Michoacán.
La FGR sostiene que el desfalco de estos fondos ocurrió bajo su administración, perjudicando gravemente al erario público de la entidad.
El exgobernador cuenta con una ficha roja de la Interpol, que ha sido activada para su localización en más de 190 países. Pese a la falta de Aureoles en la audiencia, la jueza de control, Patricia Sánchez Nava, ha ordenado que se mantenga la causa en curso y se proceda con la acusación formal.
Amparos de Aureoles
Desde su fuga, Aureoles ha interpuesto varios amparos para evadir la detención. El lunes pasado, la defensa del exgobernador logró que un tribunal suspendiera la ejecución de una orden de aprehensión distinta a la que fue emitida por el desfalco de los cuarteles de la Policía Estatal. Sin embargo, su ausencia en la audiencia y el retraso en su comparecencia podrían complicar su situación legal.
La FGR, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investiga al exgobernador por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de los cuarteles.
Las investigaciones también apuntan a posibles delitos de administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El daño total al erario estatal podría superar los mil millones de pesos.
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