UIF retira cargos de fraude contra los Weinberg, socios de García Luna, tras acuerdo reparatorio
El gobierno de México retiró cargos contra la familia Weinberg, socios de Genaro García Luna, tras un acuerdo reparatorio por lavado de dinero y fraude en contratos públicos
El Gobierno de México y la familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo reparatorio confidencial, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó desestimar la demanda civil interpuesta en su contra por lavado de dinero y prácticas fraudulentas relacionadas con contratos públicos.
La moción fue presentada ante la jueza Lisa Walsh del condado de Miami-Dade, Florida, el pasado 23 de mayo, e incluye a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto De Weinberg, y sus empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Gull Holding Enterprises.
“El acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, señala el documento, en el que ambas partes solicitan que los cargos sean retirados sin perjuicio, pero con la corte conservando jurisdicción para validar el acuerdo.
Desvío de recursos públicos
Los Weinberg fueron señalados por la UIF en 2021 de participar en una red de empresas para desviar recursos públicos, ocultar ganancias obtenidas mediante contratos obtenidos de forma fraudulenta durante la gestión de García Luna, y adquirir propiedades y bienes de lujo en Florida como medio de lavado de dinero.
El Gobierno mexicano demandaba al menos 250 millones de dólares en reparación de daños. Aunque los términos del acuerdo son confidenciales, se espera que los acusados realicen pagos millonarios como compensación.
Testigos colaboradores de la FGR
El trato también podría permitir que los Weinberg se conviertan en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo un criterio de oportunidad, con lo que evitarían cargos penales en México.
La jueza aún debe emitir una resolución formal. Se sabe que los inmuebles involucrados en la demanda ya han generado más de 28 millones de dólares en ventas, fondos que podrían ser parte de la compensación acordada.
Este acuerdo se suma a la reciente sentencia dictada contra García Luna y su esposa Linda Pereyra, quienes deberán pagar más de 2,000 millones de dólares tras no responder a la demanda civil presentada por el gobierno mexicano. García Luna cumple actualmente una condena de 38 años de prisión en EE.UU. por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
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