Así operaba el esquema de lavado de dinero de García Luna para financiar campañas políticas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó que el Gobierno de México no dejará de investigar y combatir la red de corrupción vinculada a Genaro García Luna. Según explicó, el exfuncionario utilizó un complejo esquema para desviar millones de dólares desde contratos con instituciones públicas, sacarlos del país y, posteriormente, regresarlos para diversos fines ilegales.

Gómez Álvarez destacó que el juicio contra García Luna en Florida, donde fue encontrado culpable, reveló cómo operaba esta red de corrupción a lo largo de dos sexenios. Aunque la justicia estadounidense ya condenó a García Luna al pago de más de 748 millones de dólares y a su esposa a más de mil 700 millones, en México también se avanza con un proceso penal.

El titular de la UIF agregó que ya existen detenidos y órdenes de aprehensión activas y que se continuará abriendo nuevos procesos en el país: "ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos, hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse", sentenció durante la conferencia de prensa del pasado viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Buscarán que en México se juzgue el caso

Explicó que la UIF presentó una demanda civil en septiembre de 2021 ante la Corte de Florida, que ha tenido avances significativos. Sin embargo, Pablo Gómez dejó en claro que lo más importante ahora es que en México también se juzgue este caso.

Según explicó, muchas de las operaciones fraudulentas se hicieron a través de empresas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd., y GLAC. Estas compañías firmaron contratos con instituciones de seguridad mexicanas, a través de los cuales se desviaron recursos públicos.

El dinero obtenido por estas empresas fue transferido al extranjero, principalmente al estado de Florida, utilizando cuentas bancarias como las del Occidental Bank. Los recursos fueron usados para adquirir propiedades, bienes de lujo y otros activos.

El dinero era usado para campañas políticas

La UIF también descubrió al menos 16 empresas más que recibían dinero sin tener contratos, con la intención de ocultar y dispersar los fondos ilícitos. Esto formó parte del esquema de lavado de dinero que hoy está bajo la lupa de las autoridades. Uno de los puntos más delicados del caso es que parte del dinero fue entregado en efectivo para apoyar campañas políticas. Aunque el monto no era elevado en comparación con el total desviado, sí era significativo para los fines electorales.

Según Gómez, estos pagos fueron realizados utilizando mecanismos del propio gobierno, lo que demuestra el nivel de infiltración de la corrupción en las instituciones. La UIF sigue investigando para determinar a quiénes se benefició y cómo se canalizaron esos recursos.