Ayotzinapa a 11 años: 3 interrogantes clave sobre los 43 estudiantes desaparecidos
De la verdad histórica a la justicia retrasada, los elementos clave tras la tragedia en Iguala
Este jueves se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, un crimen que aún resuena en México por la impunidad, las irregularidades en las investigaciones y los vínculos entre autoridades y crimen organizado.
La tragedia, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014, dejó un vacío de justicia que ha marcado la memoria colectiva del país. Por ello, en la memoria viva de este caso sin resolver que ha cimbrado a los Derechos Humanos a nivel internacional, te presentamos tres claves para dilucidar lo que pasó en Iguala aquella oscura noche.
1. ¿Cómo desaparecieron los estudiantes?
Los estudiantes, la mayoría de entre 17 y 25 años, se trasladaron a Iguala para conseguir autobuses que les permitieran acudir a marchas en la Ciudad de México por el 2 de octubre de 2014, conmemorando la masacre de Tlatelolco de 1968. La región de Guerrero, escenario de tráfico de drogas y enfrentamientos entre cárteles y autoridades locales, había sido desde entonces (y hasta la fecha) escenario con clara presencia de violencia.
De acuerdo con las investigaciones recientes, policías municipales de Iguala y efectivos de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco confrontaron a los estudiantes por el hecho de tomar los autobuses. En medio de la tensión, dos jóvenes murieron esa noche y un tercero apareció al día siguiente con signos de tortura, al tiempo que otros alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron detenidos y liberados, sin embargo, 43 estudiantes permanecen desaparecidos luego de los enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad.
Desde aquella noche y hasta hoy, solo tres restos de estudiantes han sido identificados, esto de acuerdo con la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, CVAJ y la Fiscalía General de la República.
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2. ¿Qué consecuencias hay tras la "verdad histórica"?
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la llamada "verdad histórica", presentada por el exprocurador Jesús Murillo Karam y su equipo, atribuía la desaparición al cártel Guerreros Unidos. Según esta versión, los estudiantes habrían sido confundidos con miembros de la banda rival Los Rojos, asesinados y luego incinerados en el basurero de Cocula.
Esta narrativa también apuntaba a que los estudiantes buscaban boicotear un acto de la entonces primera dama municipal, María de los Ángeles Pineda Villa. Luego de aquel 26 de septiembre hace 11 años, Pineda y su esposo, el alcalde José Luis Abarca Velázquez, fueron detenidos y procesados por su vinculación con el caso.
Sin embargo, desde el principio, familiares, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y la administración de Andrés Manuel López Obrador cuestionaron la versión oficial, esto retomado en distintos medios desde el análisis, entre ellos Amnistía Internacional y Expertos Internacionales del GIEI.
3. ¿Qué sigue en el caso Ayotzinapa?
En 2020, la CVAJ y la Fiscalía General, liderada por Alejandro Gertz Manero, descartaron por completo la "verdad histórica". El informe determinó que el crimen involucró tanto a miembros de Guerreros Unidos como a agentes de diversas instituciones del Estado. El documento acusó a altos funcionarios de encubrir hechos, manipular escenas del crimen y ocultar vínculos con el grupo delictivo.
El impacto legal ha sido inmediato: el exprocurador Murillo Karam fue detenido por desaparición forzada y tortura, mientras que 83 órdenes de aprehensión adicionales se libraron contra mandos militares, policías locales y estatales, autoridades administrativas y miembros de Guerreros Unidos. Durante la investigación, 26 personas clave han fallecido por diversas causas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha por los derechos humanos en México. La desaparición de los 43 estudiantes expone no solo la violencia y la corrupción estructural, sino también la resiliencia de familiares, organizaciones y sociedad civil que, durante más de una década, han exigido verdad y justicia.
A 11 años de los hechos, las investigaciones continúan y el caso sigue abierto, con nuevos detenidos y procesos judiciales que buscan esclarecer responsabilidades en todos los niveles del Estado. La historia de Ayotzinapa recuerda que la memoria y la exigencia ciudadana son esenciales para enfrentar la impunidad y fortalecer un sistema de justicia que aún debe rendir cuentas.
