Extinguen Coneval y transfieren sus funciones al Inegi tras reforma en San Lázaro
Diputados aprueban desaparición del Coneval y ceden sus funciones al Inegi; oposición advierte retroceso en evaluación social y rendición de cuentas
La Cámara de Diputados aprobó la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con 353 votos a favor y 126 en contra, el pleno avaló reformas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en una decisión que ha polarizado a legisladores de distintas bancadas.
El Coneval, creado en 2004 y operativo desde 2006, tenía como principal función medir la pobreza y evaluar la efectividad de la política social en México. También establecía criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, con base en transparencia, rigor y objetividad. Ahora, dichas funciones serán asumidas por el Inegi, que goza de autonomía constitucional y será el nuevo encargado de aportar evidencia técnica para evaluar el impacto de los programas sociales.
Desde el oficialismo, se argumenta que la reforma no implica un desmantelamiento del sistema de evaluación social, sino una reorganización con el objetivo de eliminar duplicidades, optimizar recursos y fortalecer las capacidades del Estado para medir con mayor objetividad.
Posturas encontradas entre oficialismo y oposición
Merilyn Gómez Pozos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que la evaluación “no desaparece, se democratiza y articula”. Subrayó que el Inegi asumirá esta nueva responsabilidad estratégica con visión de Estado, y que la reforma busca un gobierno más eficiente, justo y transparente. También desestimó que se trate de una improvisación o ataque a la rendición de cuentas.
En contraste, desde la oposición se ha señalado que la desaparición del Coneval representa un retroceso democrático. Genoveva Huerta (PAN) alertó sobre la falta de infraestructura en el Inegi para reemplazar al organismo extinto, y advirtió que esto impedirá saber si los apoyos realmente combaten la pobreza. La priista Nadia Navarro calificó la reforma como parte de una “mutilación” a los órganos autónomos que han contribuido a transparentar la política pública.
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) cuestionó que ahora la medición y evaluación de los programas sociales quede “bajo el control total del gobierno”, sin contrapesos reales, y criticó que esta medida abre la puerta a la opacidad y el uso discrecional del presupuesto.
Además, se derogaron artículos clave de la Ley General de Desarrollo Social —como los artículos 72, 75, 76 y 77— que otorgaban facultades al Coneval para emitir indicadores, evaluar programas y proponer modificaciones a los mismos. También se eliminó la posibilidad de que la Cámara de Diputados reduzca presupuestos sociales con base en evaluaciones técnicas.
Gloria Núñez Sánchez (Movimiento Ciudadano) denunció que el gobierno “se quiere evaluar a sí mismo” y que se eliminará un mecanismo que daba visibilidad a las verdaderas condiciones sociales del país. Recordó que en 2016 el 15.6% de la población carecía de acceso a servicios de salud, y que en 2023 ese porcentaje aumentó a 23.5%, según datos del propio Coneval.
Por su parte, Lorena Piñón (PRI) calificó la reforma como un “golpe deliberado” contra la capacidad del Estado mexicano para conocerse y rendir cuentas, y aseguró que la motivación de fondo es evitar que las cifras contradigan el discurso oficial. Héctor Saúl Téllez (PAN) añadió que lo que el Coneval hizo mal, según el gobierno, fue señalar que de 2018 a 2020, 4.5 millones de personas más cayeron en la pobreza, lo cual incomodó al Ejecutivo.
Aunque desde el oficialismo se insiste en que la transferencia de funciones permitirá un uso más técnico y racional de la información, para muchos sectores esta reforma implica un debilitamiento de los mecanismos de evaluación independientes y una amenaza a la transparencia y rendición de cuentas.
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