Cámara de Diputados aprueba reforma para corregir antinomia en elección de presidencia de la Suprema Corte

Mabel González 20 mayo, 2025

Diputados corrigen contradicción constitucional sobre elección en la Suprema Corte; la reforma pasa a la Mesa Directiva para su análisis final

 ©Cuartoscuro - Cámara de diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que corrige una contradicción legal en la Constitución respecto a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con 27 votos a favor —de Morena y sus aliados— y 11 en contra —de la oposición— se derogó el sexto párrafo del artículo 97 constitucional, el cual estipulaba que la presidencia debía elegirse cada cuatro años.

La modificación armoniza este artículo con el 94 constitucional, reformado en 2023, que establece que la persona titular de la SCJN será quien obtenga la mayoría de votos entre los ministros y ministras cada dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Con esto se elimina la antinomia jurídica entre ambos artículos y se fortalece la certeza jurídica del nuevo modelo judicial.

Durante la sesión, marcada por un minuto de silencio en memoria de los funcionarios Ximena Guzmán y José Muñoz, diputados de todas las fuerzas políticas fijaron postura sobre el dictamen. Legisladoras de oposición calificaron la reforma como una simulación legal impulsada por la mayoría oficialista, mientras que representantes de Morena y aliados la consideraron una medida necesaria para dar claridad normativa.

El cambio es necesario por antinomia

El dictamen se aprobó en medio de fuertes acusaciones de la oposición, como las de la panista Paulina Rubio, quien cuestionó la legitimidad del proceso judicial y denunció intentos de control del Poder Judicial por parte del oficialismo. También criticó el presunto uso de recursos públicos y el manejo de observadores electorales con filiación partidista.

Desde el PRI y MC, diputadas como Nadia Navarro y Claudia Ruiz Massieu señalaron que esta “corrección” es, en realidad, la formalización de una reforma inconsistente y precipitada. Para ellas, se trata de un ejemplo del desdén por el diálogo legislativo y el equilibrio de poderes, al haber sido aprobada originalmente en una sede alterna y bajo procedimientos irregulares.

Por su parte, diputadas del PVEM, PT y Morena defendieron la reforma como un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Aseguraron que con esta medida se cumple con una demanda ciudadana de mayor transparencia y se recupera el espíritu de la reforma constitucional de 2023. También destacaron la participación ciudadana prevista para el 1 de junio, cuando por primera vez se elegirá a más de 800 jueces y juezas.

Durante los asuntos generales, varios legisladores debatieron sobre el rol de los observadores electorales, el respeto a los derechos humanos y la influencia política en el proceso judicial. A pesar de las diferencias ideológicas, la Comisión coincidió en la necesidad de atender esta contradicción normativa.

El dictamen será turnado a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda legislativa del periodo extraordinario previsto para la primera quincena de junio, donde se discutirán reformas secundarias del nuevo modelo judicial.

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