Fernando Farías solicita asilo en Argentina: ¿qué cargos enfrenta por huachicol fiscal en México?

Elena Martínez 24 abril, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano buscará que el exmilitar sea devuelto al país

- Un juez de ese país ya fue notificado sobre la solicitud mexicana.

La detención del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna en Argentina abrió un nuevo capítulo en las investigaciones por huachicol fiscal, un delito ligado al tráfico ilegal de combustibles. Mientras autoridades mexicanas buscan su regreso al país, la defensa del exmilitar anunció que solicitará asilo político, al argumentar que su integridad podría estar en riesgo si es entregado a México.

De acuerdo con la información disponible, Farías Laguna fue localizado en territorio argentino tras una orden de búsqueda internacional, relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Su captura se realizó en coordinación con autoridades internacionales, luego de que fuera señalado como parte de una red dedicada a la comercialización ilegal de combustible.

En México, el caso ha sido vinculado con operativos previos en los que se aseguraron grandes volúmenes de hidrocarburo de procedencia ilícita. Uno de los antecedentes más relevantes es el decomiso de millones de litros de combustible en el norte del país, hecho que detonó diversas investigaciones sobre redes de distribución ilegal.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano buscará que el exmilitar sea devuelto al país. En caso de que no se concrete una deportación directa, adelantó que se activará el proceso formal de extradición, conforme a los acuerdos vigentes entre México y Argentina.

Defensa alega riesgo y fallas en el proceso

Por su parte, el equipo legal de Farías Laguna sostiene que la solicitud de asilo político responde a un “temor fundado” por su seguridad. Según su defensa, existen elementos que indicarían que su vida podría estar en peligro si regresa a territorio mexicano.

Además, los abogados han señalado presuntas irregularidades en el proceso judicial, como limitaciones para acceder a pruebas y documentos clave del expediente. También aseguran que parte de la información relevante se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, lo que, desde su perspectiva, dificulta ejercer una defensa completa.

Otro de los argumentos es que el excontralmirante enfrenta en Argentina un procedimiento por el uso de un documento de identidad presuntamente falso, lo que podría retrasar su posible traslado a México. Este proceso local deberá resolverse antes de definir cualquier entrega a las autoridades mexicanas.

La defensa también ha planteado que Farías Laguna rechaza haber encabezado una red criminal. Afirman que las acusaciones se basan en elementos que consideran insuficientes y que incluso podrían estar relacionados con denuncias previas realizadas por el propio exmilitar dentro de su ámbito institucional.

Investigación por huachicol fiscal sigue abierta

El caso se da en medio de una estrategia más amplia contra el huachicol fiscal, una modalidad de contrabando en la que combustibles ingresan al país con clasificaciones distintas para evitar el pago de impuestos. Este esquema ha sido identificado como una de las actividades ilícitas con mayores ganancias en México.

Autoridades han informado en distintos momentos sobre el desmantelamiento de redes dedicadas a esta práctica, así como detenciones de presuntos involucrados, incluidos servidores públicos. En algunos operativos se han asegurado cargamentos valuados en cientos de millones de dólares, lo que refleja la magnitud del problema.

En este contexto, el caso de Farías Laguna también ha llamado la atención por posibles vínculos familiares con figuras de alto nivel dentro de la Marina en años recientes. Sin embargo, estos elementos no forman parte oficial de las acusaciones judiciales hasta ahora.

Mientras tanto, el proceso en Argentina continúa. Un juez de ese país ya fue notificado sobre la solicitud mexicana para su entrega, y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos conforme a la legislación local y los acuerdos internacionales.

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