Kimberly Moya: ¿Por qué quieren cambiar al juez? Denuncias señalan a la Fiscalía de montar un culpable

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, continúa rodeada de incertidumbre y tensión judicial. Desde el 2 de octubre, día en que la joven salió de su casa en la colonia San Rafael Chamapa para imprimir una tarea y no volvió, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) han estado marcadas por operativos, cateos, detenciones y acusaciones cruzadas.

El caso dio un nuevo giro cuando la defensa de Gabriel Rafael “N”, uno de los dos hombres vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición, solicitó formalmente retirar al juez que encabeza el proceso.

El argumento central es la falta de imparcialidad. De acuerdo con la defensa, el juzgador habría emitido comentarios en audiencia que revelan un criterio anticipado sobre la culpabilidad de los acusados, lo que vulneraría el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Los abogados sostienen que el juez mostró inclinaciones hacia la versión de la Fiscalía, lo que, a su juicio, pone en riesgo la validez de las decisiones adoptadas en las audiencias iniciales, incluyendo la vinculación a proceso y la prisión preventiva.

¿Cambiarán al juez del caso?

Mientras los tribunales analizan la petición de recusación, la familia del detenido ha intensificado sus denuncias contra la Fiscalía mexiquense. Afirman que Gabriel Rafael “N” fue detenido sin orden judicial y que originalmente había sido citado como testigo, no como sospechoso.

Su hija, Jessica García, declaró en entrevistas que su padre fue señalado sin pruebas y que los cateos realizados en su domicilio y taller se hicieron bajo irregularidades. Sostiene que las evidencias presentadas, como unas botas con manchas de sangre que presuntamente coinciden con el ADN de los padres de Kimberly, pudieron haber sido plantadas para sostener una versión fabricada. “La Fiscalía montó un delito para tener un culpable rápido. No hay pruebas reales, solo una historia armada”, acusó.

La defensa insiste en que existen inconsistencias en la cadena de custodia de las pruebas y que la investigación ha estado guiada por la presión mediática más que por el rigor forense. Señalan que la Fiscalía actuó con prisa para mostrar resultados en un caso que ha generado indignación nacional, pero sin garantizar el debido proceso.

Paralelamente, denuncian que durante los cateos realizados en días recientes , incluyendo la excavación en una vivienda deshabitada vinculada a Gabriel “N”, no se halló ningún indicio relacionado con la joven, pese a que se movilizaron peritos, maquinaria pesada y binomios caninos durante más de cuatro horas.

¿Cuál es la versión de la Fiscalía?

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México sostiene que todas sus actuaciones han sido apegadas a derecho y que la investigación continúa abierta.

En comunicados recientes, la institución ha reiterado que los indicios obtenidos, incluidos los registros de cámaras de seguridad que muestran la ruta de la joven y un vehículo gris presuntamente conducido por el segundo implicado, Paulo Alberto “N”, sustentan la hipótesis de la desaparición forzada. No obstante, el paradero de Kimberly sigue siendo desconocido, y los resultados de las diligencias recientes no han ofrecido nuevas respuestas.

El padre de la adolescente, que estuvo presente durante el cateo en San Rafael Chamapa, ha insistido en que la prioridad no es el proceso judicial, sino encontrar a su hija con vida. “Cada día que pasa sin saber de ella es una tortura”, dijo entre lágrimas frente a los medios que acudieron al operativo. Su exigencia es la misma desde hace más de dos semanas: que las autoridades sean transparentes, que la búsqueda no se detenga y que no se desvíe la atención hacia disputas judiciales.

Mientras la defensa de Gabriel “N” busca sustituir al juez y denunciar presuntas irregularidades, la familia Moya reclama eficacia y resultados. Ambos coinciden, desde lados opuestos, en que la justicia se ha enredado en un proceso lento y lleno de dudas.