Las tres muertes de Margarita Cuevas: del feminicidio al abandono y la mutilación del cuerpo

Margarita no murió una sola vez. Desde su desaparición, hace más de tres años, ha sido víctima de la violencia de género y del abandono institucional. El calvario y la crueldad a la que ella y su familia han sido sometidos rebasan la imaginación y evidencian la gravedad de la crisis forense en México.

La familia de Margarita Cuevas Suárez al fin despidió a la joven que desapareció en junio de 2022 y cuyo cuerpo, mutilado y sin identificar, permaneció más de dos años en una morgue de la fiscalía de Morelos. El caso ha desatado indignación por las irregularidades forenses y el trato institucional negligente hacia su desaparición y asesinato.

Cuevas Suárez tenía 19 años, fue localizada sin vida 13 días después de su desaparición, en la zona de Huitzilac, Morelos, pero no fue sino hasta diciembre de 2024 que sus familiares fueron notificados gracias a la intervención del colectivo Una Luz en el Camino, que identificó tatuajes visibles. El pasado 8 de mayo de 2025, los restos fueron entregados a su familia, ya sin las extremidades, cuya pérdida bajo resguardo oficial sigue sin explicación.

Durante el velorio, realizado en su casa en la colonia Ampliación Tepepan, en Xochimilco, sus seres queridos lamentaron la omisión de las autoridades.

Al momento del reconocimiento forense, los familiares constataron que al cuerpo de Margarita le faltaban las extremidades. La Fiscalía General del Estado de Morelos reconoció que estas desaparecieron mientras estuvo bajo su resguardo y afirmó que se encuentra investigando los hechos. No ha ofrecido una explicación concreta sobre lo ocurrido.

Actualmente, solo se mantiene activa una investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de desaparición, con una persona detenida en etapa de audiencia intermedia. No existe aún una carpeta por homicidio o feminicidio, aunque la familia y sus representantes legales ya solicitaron formalmente la reclasificación del caso.

El hallazgo de Margarita en Huitzilac —una zona limítrofe entre Morelos, el Estado de México y la alcaldía Tlalpan— coincide con un patrón de violencia en el que han sido localizados múltiples cuerpos sin identificar. Colectivos y familiares exigen mayor presencia del Estado, acompañamiento para las búsquedas y rendición de cuentas de las autoridades ministeriales.

“Hoy Margarita vuelve a casa, pero no en las condiciones en las que debió hacerlo. No puede haber paz mientras no haya justicia”, señaló una integrante del colectivo que acompañó a la familia durante el funeral.

El caso ha renovado el llamado a investigar con perspectiva de género y a sancionar las negligencias institucionales.

Mientras el caso de Margarita se vuelve símbolo de impunidad, otro testimonio estremeció recientemente al país: el de Virginia de la Cruz, madre buscadora en Zacatecas, quien irrumpió en un foro legislativo en julio de 2024 para revelar que su hijo estuvo ocho meses en el Servicio Médico Forense, sin que nadie le notificara, a pesar de haber entregado sus datos y ADN desde noviembre de 2023.

"Tenían todo para que me localizaran: ADN, dirección, todo, y nunca me llamaron… Yo no dejaba de insistir por mi criatura", denunció entre lágrimas, ante diputadas y diputados que escucharon en silencio su relato transmitido en vivo.

Virginia relató que su hijo de 21 años desapareció el 2 de noviembre y su cuerpo ingresó al Semefo el 30 del mismo mes, pero jamás le informaron, pese a múltiples visitas. Apenas la semana previa a su intervención supo que el cadáver de su hijo estuvo todo ese tiempo en resguardo forense.

“¿A cuántas madres más nos traen así? Buscando entre fosas, morgues, sin que nadie nos diga nada. Mi hijo era un joven trabajador. No merecía esto, nadie lo merece”, gritó ante el pleno.

Estos casos reflejan lo que organizaciones civiles califican como una crisis nacional forense y de desapariciones, donde la negligencia institucional y la falta de coordinación agravan el dolor de las familias.

Ante la presión social y el escándalo por el descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde presuntamente se hallaron restos de personas desaparecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 24 de marzo de 2025 un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición, que incluye medidas para mejorar la identificación, búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Entre las acciones destacadas están:

• La creación de una Plataforma Única de Identidad, basada en la CURP con fotografía y huellas, para uso obligatorio en todos los niveles de gobierno.

• Una alerta inmediata nacional al reportarse una desaparición, sin esperar las 72 horas.

• La creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses, con conexión en tiempo real entre fiscalías.

• Unidades especializadas en delitos cibernéticos, búsqueda inmediata y atención a víctimas en las fiscalías estatales.

• Obligación de instituciones privadas como bancos, servicios de salud, transporte y telecomunicaciones de compartir información útil para la búsqueda.

• Aumento de penas por desaparición forzada o cometida por particulares.

• Fortalecimiento de las Comisiones de Búsqueda a nivel nacional y estatal.

"Lo que planteamos es que todas las bases de datos estén disponibles para la búsqueda. No podemos seguir permitiendo que madres busquen solas lo que el Estado no ha querido encontrar", dijo Sheinbaum al presentar la iniciativa.

Mientras tanto, Margarita y el hijo de Virginia son parte de una estadística de más de 100 mil personas desaparecidas, pero sobre todo, son rostros de una exigencia colectiva: seguridad.

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