¿Por qué me exigen la CURP para poder tener una línea de telefonía celular?
La nueva Ley de Telecomunicaciones exige CURP para activar líneas, elimina al IFT y permite geolocalización sin orden judicial por motivos de seguridad
La reciente aprobación de reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión redefine el acceso y regulación de los servicios móviles e internet en México. A partir de ahora, será obligatorio presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) para activar una línea telefónica, medida que busca fortalecer la identidad del usuario y prevenir delitos como extorsiones y fraudes.
El Senado de la República y la Cámara de Diputados avalaron esta normativa como parte de un paquete de reformas que también incluye disposiciones en materia de seguridad, cobertura digital y regulación de medios. Además, todas las líneas de telefonía móvil deberán estar registradas con una CURP, y en el caso de personas morales, con su RFC.
Esta información será recabada por los operadores telefónicos, quienes estarán obligados a conservarla y colaborar con las autoridades judiciales si así se requiere. El Gobierno, según aclaró el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, no tendrá acceso directo ni gestionará bases de datos.
Geolocalización y desaparición del IFT
Una de las medidas más polémicas de la nueva legislación es la posibilidad de que las autoridades accedan a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial, lo que ha sido duramente criticado por organizaciones civiles. Esta medida se implementa bajo el argumento de procurar justicia y reforzar la seguridad pública.
Asimismo, la ley elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y establece la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Este nuevo órgano estará integrado por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
En materia de medios, se prohíbe la transmisión de propaganda política de origen extranjero, excepto en los casos de contenido cultural, turístico o deportivo, para proteger la soberanía informativa nacional. Las violaciones a esta disposición podrán acarrear multas de hasta el 5% de los ingresos anuales de los concesionarios.
La reforma también contempla beneficios sociales: se ampliará la cobertura de internet en zonas marginadas, se implementarán descuentos para concesionarios que desplieguen infraestructura y se facilitará el acceso al espectro radioeléctrico a comunidades indígenas, afromexicanas y radioaficionados.
Claudia Sheinbaum, promotora de esta iniciativa desde el Ejecutivo federal, defendió que se trata de una ley para democratizar el acceso a internet, desmintiendo que implique censura o vigilancia masiva. “Una ley que garantiza el acceso a millones de mexicanos no puede ser llamada ley espía”, expresó.
Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.
Te recomendamos:
Las más leídas
