Ley de Telecomunicaciones: Con cinta canela en la boca y un contundente “No”, oposición muestra su descontento

La Cámara de Diputados aprobó con 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa, respaldada por Morena, PT, PVEM y MC, fue rechazada por legisladores del PRI, PAN y PRD, quienes acusaron que la reforma abre la puerta a la censura y la vigilancia masiva del Estado en redes sociales y dispositivos móviles.

Durante la sesión en el Pleno, la bancada del PRI se manifestó portando un ataúd como símbolo de lo que denominaron “la muerte de la libertad de expresión”. “Aquí está el cadáver de la libertad, de los derechos y la democracia que ha muerto en nuestro país”, declaró el diputado Erubiel Lorenzo Alonso. Afirmó que la ley “invade la privacidad, atenta contra la libertad de prensa y convierte al gobierno en un ente vigilante al estilo ‘Big Brother’”.

Redes sociales bajo control gubernamental

Uno de los puntos más polémicos de la ley es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y será responsable de definir las políticas públicas en telecomunicaciones, conectividad e internet. También se establece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá acceso a datos geo-referenciados de toda la infraestructura del país y al Registro Público de Telecomunicaciones.

Además, la normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a activar únicamente líneas telefónicas que estén vinculadas a una CURP o RFC válidos, lo que, según la oposición, permitirá un control más riguroso de los usuarios y sus actividades.

Los priistas alertaron que con esta ley “las redes sociales dejarán de ser espacios de libertad y serán reguladas por el Gobierno, quien podrá decidir qué se publica y qué se censura”. También señalaron que se implementará una CURP biométrica que permitirá rastrear a los ciudadanos, y advirtieron que la ley da facultades para suspender transmisiones o intervenir comunicaciones privadas.

Por su parte, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del PVEM, defendió la iniciativa asegurando que no habrá censura previa ni ambigüedad legal. “Esta ley garantiza la libre difusión de contenidos culturales y educativos y fortalece los derechos de las audiencias”, afirmó.

Mientras que el oficialismo argumenta que la reforma busca ordenar y modernizar el sistema de telecomunicaciones del país, la oposición insiste en que representa un retroceso democrático. Organismos de derechos digitales y expertos en libertad de expresión han solicitado una revisión exhaustiva del contenido antes de que se promulgue.

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