Presupuesto en riesgo: el gasto en pensiones del IMSS e ISSSTE sigue en aumento

El Paquete Económico 2026 encendió las alarmas en torno a uno de los temas más delicados para la estabilidad del país. Se trata del creciente costo de las pensiones. El documento enviado por el Ejecutivo al Congreso revela que este rubro absorberá casi 2.3 billones de pesos, lo que equivale a un tercio de todo el gasto programable del sector público.

La cifra es tan alta que supera con creces lo destinado a proyectos de infraestructura, salud o educación. Y aunque garantizar el pago a millones de jubilados y adultos mayores es una obligación del Estado, la magnitud de los recursos que se requieren empieza a ser considerada como un verdadero reto financiero.

Un gasto que rebasa a otros sectores

Los números muestran que el dinero etiquetado para pensiones es cuatro veces mayor al que se invierte en proyectos prioritarios del gobierno federal. Para los analistas, esto refleja un desequilibrio preocupante, cada año crece la partida destinada a jubilaciones, mientras otros rubros estratégicos se ven limitados.

El aumento responde a dos factores que se combinan, más personas alcanzan la edad de retiro y, al mismo tiempo, la esperanza de vida en México sigue aumentando. Esto significa que los beneficiarios requieren su pensión durante más años. A este escenario se suman las desigualdades entre los montos: mientras muchos adultos mayores apenas reciben lo indispensable, existen grupos que cobran pensiones muy por encima del promedio nacional, lo que genera un sistema inequitativo y costoso.

¿Qué pasa con quienes ya están pensionados?

El primer punto que se debe aclarar es que el Paquete Económico 2026 no reduce ni modifica las pensiones actuales. El dinero para cubrir a los jubilados del IMSS, ISSSTE y a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores está asegurado para el próximo año.

Lo que se discute no es el presente, sino el futuro. De continuar la tendencia, llegará un momento en que el presupuesto destinado a pensiones comprometa seriamente la capacidad del Estado para financiar otros programas. En un escenario extremo, se corre el riesgo de no poder cubrir a todos los beneficiarios o de hacerlo con retrasos.

Una reforma inevitable

Aunque la propuesta enviada al Congreso no incluye una iniciativa formal de reforma, sí busca abrir el debate sobre la necesidad de replantear el sistema de pensiones. La idea no es reducir beneficios, explican los expertos, sino eliminar privilegios excesivos y construir un esquema más equitativo y sostenible.

Postergar el debate solo profundiza el problema. Actualmente, un peso de cada tres que gasta el gobierno se destina a pensiones. Si la tendencia sigue, en unos años podría ser uno de cada dos. En ese escenario, el Estado tendría que recortar inversión en infraestructura, salud o educación, lo que frenaría el crecimiento y ampliaría las brechas sociales.

Además, la desigualdad dentro del sistema alimenta la inconformidad: millones de jubilados sobreviven con montos reducidos, mientras que un pequeño grupo recibe pensiones muy superiores gracias a regímenes especiales heredados de décadas pasadas. Esta situación no solo es un problema financiero, también es un problema de legitimidad social.

El Paquete Económico 2026 no resuelve el dilema, pero sí lo visibiliza. Los especialistas insisten en que la discusión debe darse cuanto antes, antes de que el sistema se vuelva insostenible. El objetivo debería ser garantizar pensiones dignas para todos, pero sin que ello implique sacrificar la estabilidad de las finanzas públicas.