Rosalinda Ávalos, la policía de investigación que lleva 5 años de amenazas y revictimización por denunciar a Sabas Santiago Ipiña, aspirante a juez con nexos al CJNG
La exagente Rosalinda Ávalos, quien perdió a dos de sus hijos en un ataque armado en 2020, enfrenta hoy nuevas amenazas y demandas judiciales
La historia de Rosalinda Ávalos, marcada por la tragedia y la búsqueda de justicia, se ha convertido en un símbolo de la revictimización estatal: tras señalar a un candidato a juez por nexos criminales, hoy enfrenta demandas civiles y penales basadas en testimonios de presuntos integrantes del CJNG.
“Ayúdame, me van a matar”: la advertencia que marcó su vida
Rosalinda Ávalos se convirtió en una de las voces más incómodas para las autoridades de San Luis Potosí. En noviembre de 2020 irrumpió en el Congreso local para denunciar públicamente que Sabas Santiago Ipiña, aspirante a juez, estaba presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con el asesinato de sus dos hijos.
Con voz temblorosa, lanzó un grito desesperado que quedó registrado en video: “Ayúdame, me van a matar”. Sus palabras bastaron para que el comité de selección de jueces descartara la candidatura de Ipiña, pero también marcaron el inicio de una persecución personal, política y judicial que no ha cesado en cinco años.
El asesinato de sus hijos en 2020
El 11 de noviembre de 2020, la vida de Ávalos dio un giro trágico. Dos de sus tres hijos, de 18 y 20 años, fueron asesinados en un ataque armado en su domicilio, en la colonia La Lomita, en Soledad de Graciano Sánchez. Solo sobrevivió su hija mayor.
Según los reportes, varios hombres armados dispararon contra la vivienda. La fiscalía local anunció la detención de nueve personas, entre ellas policías vinculados al llamado “Cártel de la Ministerial”, pero hasta hoy ninguno ha sido sentenciado.
Ávalos sostiene que aquel crimen fue un mensaje por sus investigaciones sobre policías coludidos con el crimen organizado y por haber señalado directamente a Sabas Santiago Ipiña.
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La denuncia contra el “narcojuez”
Durante su irrupción en el Congreso, Rosalinda aseguró: “Uno de los responsables de la muerte de mis hijos quiere ser juez”. Sus acusaciones llevaron al Legislativo a retirar la candidatura de Ipiña. Sin embargo, aquel triunfo derivó en una contraofensiva judicial que ahora la mantiene en la mira.
En marzo de 2025, Ipiña presentó denuncias penales y civiles contra Rosalinda Ávalos por abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral. Los testigos que presentó incluyen a Artemio “N”, alias El Memo, identificado como jefe regional del CJNG, y a la esposa de uno de los implicados en el asesinato de sus hijos.
“¿Cómo puede la fiscalía creerles más a ellos que a mí?”, cuestiona Rosalinda, quien teme ser víctima de un montaje judicial.
Medidas de protección insuficientes
A pesar de las amenazas, la Fiscalía de San Luis Potosí solo le ha otorgado patrullajes esporádicos frente a su domicilio. Actualmente, se encuentra bajo resguardo en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero insiste en que el Estado ha fallado en su deber de garantizar su seguridad.
“Ya fui víctima por el propio Estado porque quienes mataron a mis hijos eran policías, y ahora yo soy la perseguida”, afirmó en entrevista.
Su abogado y activista, Miguel Alfonso Meza, ha denunciado que las medidas cautelares son meramente simbólicas y que la vida de Rosalinda y la de su hija corren un riesgo inminente.
Revictimización y desgaste judicial
El caso refleja la complejidad de denunciar vínculos entre autoridades y crimen organizado en México. Rosalinda, además de haber perdido a sus hijos, enfrenta un proceso judicial que la coloca como acusada en lugar de protegida.
“Estoy sola, enfrentando a jueces y ministerios públicos. Pero no me voy a callar”, aseguró.
Su exigencia es clara: que el Estado deje de revictimizarla y que los responsables de la muerte de sus hijos sean llevados a juicio.
Un patrón de intimidación contra la sociedad civil
El caso de Rosalinda no es aislado. En los últimos años, diversas denuncias ciudadanas contra funcionarios o aspirantes judiciales han derivado en procesos legales contra quienes se atreven a cuestionar.
Desde colectivos feministas hasta periodistas han enfrentado demandas por señalar irregularidades. Sin embargo, el caso de Rosalinda destaca porque, además de ser víctima de feminicidio y violencia institucional, se enfrenta directamente a un juez con presuntos nexos con el CJNG.
Cinco años sin justicia
Han pasado cinco años desde el asesinato de sus hijos y la justicia sigue sin llegar. El proceso penal contra los nueve detenidos avanza lentamente, mientras que las denuncias contra Rosalinda se resuelven con rapidez.
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