Ataques encubiertos y 32 muertos: lo que Trump no contó sobre su lucha frente a Venezuela

En menos de dos meses, el Ejército de Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, ha matado a 32 personas en siete ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

Hasta ahora, ni el Congreso ni la población estadounidense conocen quiénes fueron las víctimas ni existen pruebas públicas que justifiquen las acciones.

El inicio de la ofensiva

El 20 de enero, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que permitía designar a los cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo al Tren de Aragua, banda venezolana acusada de narcotráfico.

La comunidad de inteligencia estadounidense cuestionó esa afirmación, señalando que no existían pruebas sólidas de una colaboración directa entre el gobierno de Nicolás Maduro y dicha organización.

Un mes después, el 20 de febrero, el gobierno de Trump designó formalmente a seis grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas, algo inusual, pues esa etiqueta se reserva para colectivos como Al Qaeda o el Estado Islámico, que usan la violencia con fines políticos.

Escalada militar en el Caribe

El 19 de agosto, autoridades estadounidenses confirmaron el despliegue de tres destructores Aegis armados con misiles guiados frente a las costas venezolanas. En cuestión de semanas, la presencia militar se amplió a seis mil marinos y soldados, tres barcos de asalto anfibio, dos buques adicionales y un submarino con capacidad de lanzar misiles de crucero.

Además, aviones F-35 fueron enviados a Puerto Rico, mientras bombarderos B-52 y drones sobrevolaban el Caribe.

Primer ataque: 2 de septiembre

El primer ataque tuvo lugar el 2 de septiembre, cuando EE.UU. destruyó una embarcación supuestamente operada por el Tren de Aragua.

Trump aseguró que 11 personas murieron y publicó un video de 27 segundos donde se veía una explosión en el mar, sin mostrar evidencias claras de drogas a bordo.

Debate en el Congreso

El 10 de septiembre, el senador Tim Kaine y otros legisladores demócratas denunciaron que el gobierno no había presentado ninguna justificación legal para el ataque.

El senador Jack Reed advirtió que el Ejército “no está autorizado para cazar y matar a presuntos criminales sin juicio”.

Reacción internacional

Un día después, el 11 de septiembre, el ministro venezolano Diosdado Cabello acusó a Trump de “asesinato” y cuestionó cómo habían identificado a las víctimas:

“¿Cómo sabían que eran del Tren de Aragua? ¿Tenían un código QR que leyeron desde el cielo?”, ironizó.

Nuevos ataques y más muertes

El 15 de septiembre, el Ejército estadounidense realizó un segundo ataque, matando a tres personas.
El 19 de septiembre, un tercer operativo dejó tres muertos más. Trump aseguró que había “bolsas de cocaína y fentanilo por todo el océano”, aunque no mostró pruebas.

El 2 de octubre, la Casa Blanca declaró oficialmente que Estados Unidos estaba en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, considerando a sus miembros “combatientes ilegales”.
El senador Rand Paul criticó la medida:

“Solo el Congreso puede declarar la guerra. Esto es una simulación de legalidad”, afirmó.

El 3 de octubre, un cuarto ataque mató a cuatro hombres en otra embarcación. Trump alegó que el barco llevaba “suficientes drogas para matar a 50 mil personas”.

El 8 de octubre, el Senado rechazó una iniciativa que habría obligado a Trump a pedir autorización legislativa para continuar los ataques.

Expansión encubierta

El 14 de octubre, Trump confirmó un quinto ataque, con seis muertos, y el 15 de octubre anunció que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, insinuando posibles acciones terrestres.

Un día después, el 16 de octubre, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, anunció su renuncia, tras mostrar diferencias con el secretario de Defensa Pete Hegseth sobre la legalidad de los ataques.

Ese mismo día, un sexto operativo dejó dos muertos y dos sobrevivientes. Trump dijo que serían enviados a Ecuador y Colombia para su enjuiciamiento.

Finalmente, el 17 de octubre, se registró el séptimo ataque, esta vez contra una embarcación presuntamente vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Tres personas murieron. Hegseth publicó un breve video del ataque sin pruebas adicionales.

Reacciones y denuncias

El 20 de octubre, el congresista Adam Smith pidió una audiencia especial sobre las operaciones, calificándolas de “sin precedentes”.

Tanto Smith como Paul denunciaron la falta de transparencia y advirtieron que no había pruebas de que los barcos se dirigieran a EE.UU.

Mientras tanto, familiares de las víctimas contradijeron la versión de la Casa Blanca. Un pariente de los once hombres muertos en el primer ataque afirmó:

“Ninguno tenía relación con el Tren de Aragua. Eran pescadores buscando una vida mejor”.

El presidente colombiano Gustavo Petro también acusó a Trump de asesinato, asegurando que uno de los muertos era un pescador colombiano.

Según un informe del The Washington Post, varios testimonios contradicen la narrativa de Trump y evidencian que su gobierno usa esta campaña militar como una estrategia para militarizar la región bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

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