Carlos y Alejandro Martín: El caso de los hermanos mexicanos atrapados en Alligator Alcatraz

Lo que empezó como unas vacaciones familiares en Estados Unidos terminó convertido en una pesadilla legal para Carlos Martín González, un joven mexicano de 26 años, y su hermano Alejandro, quienes hoy se encuentran detenidos e incomunicados en la prisión migratoria conocida como Alligator Alcatraz, en Florida.

Carlos había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa de turista vigente. Viajaba por Florida cuando, el pasado 7 de julio, fue detenido por la Patrulla de Carreteras, presuntamente por conducir un vehículo sin registro válido. Lo que parecía una infracción menor derivó en una detención sin precedentes: el joven fue trasladado directamente a un centro migratorio de máxima seguridad, sin acceso a abogado, sin visitas, sin número oficial de caso, y sin poder ejercer su derecho a defensa.

¿Por qué fue detenido?

De acuerdo con información difundida por Univisión, Carlos Martín conducía un vehículo cuando fue interceptado por la policía local. La falta: no contar con placas válidas. Sin embargo, en lugar de resolverlo como una infracción de tránsito común, las autoridades emitieron una “retención migratoria” (immigration hold), aún cuando Carlos contaba con documentación migratoria en regla.

Su hermano Alejandro, quien también se encontraba con él, fue arrestado bajo las mismas condiciones, pese a estar casado con una ciudadana estadounidense.

Ambos fueron enviados al Centro de Detención Everglades, conocido informalmente como Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes, una prisión rodeada de pantanos y caimanes reales, construida durante el segundo mandato de Donald Trump con el objetivo de recluir migrantes en espera de deportación. Esta cárcel ha sido denunciada por activistas por sus condiciones extremas, su carácter intimidante y por funcionar fuera del sistema migratorio federal, lo que deja a los detenidos sin derechos claros ni defensa legal efectiva.

Sin número de caso, sin justicia

La mayor preocupación de la familia radica en que ninguno de los dos hermanos cuenta aún con un número de caso migratorio, lo que les impide tener acceso a un abogado defensor, visitas consulares o familiares, y cualquier tipo de recurso legal.

“El problema es que mientras no le asignen un número de caso, nadie puede intervenir legalmente en su defensa”, explicó la abogada Andrea Reyes, asignada por el programa de Asistencia Legal para Personas Mexicanas (PALE).

La abogada, junto con el Consulado de México en Orlando, ha denunciado posibles violaciones a los derechos civiles de los hermanos González, y solicitó intervención inmediata al considerar que están siendo tratados como migrantes sin papeles, cuando ambos ingresaron legalmente al país.

Un caso que refleja el endurecimiento migratorio de Trump

La situación ocurre en un contexto alarmante: el segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo una ola de políticas migratorias restrictivas, entre ellas la creación de centros de detención como Alligator Alcatraz, que fue inaugurado el pasado 1 de julio de 2025, tan solo ocho días antes de la detención de Carlos. Durante la inauguración, Trump se burló de los migrantes: “Les enseñaremos cómo huir de un caimán”, dijo entre risas.

Aunque el gobierno estadounidense prometió que esta prisión sería utilizada para delincuentes peligrosos, la realidad es distinta. La mayoría de los detenidos, incluyendo a Carlos y Alejandro, no tienen antecedentes penales, y ni siquiera enfrentaban cargos criminales al momento de su arresto.

La respuesta del gobierno mexicano

Desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha seguido el caso a través de sus consulados en Orlando y Miami, brindando apoyo consular y acompañamiento legal a la familia. El cónsul Juan Sabines se reunió con el padre de los jóvenes, Martín González, quien viajó desde México buscando respuestas y justicia.

“Estamos en pie de lucha. Lo que queremos es justicia, que los liberen. No hicieron nada malo”, declaró el padre en entrevista con medios estadounidenses. La familia ha denunciado que Carlos solo ha podido hacer llamadas breves, prepagadas y menores a cinco minutos, sin contacto directo con abogados o personal diplomático.

“Esto no es justicia”

La indignación también ha crecido entre activistas por los derechos de los migrantes, quienes califican el caso como un ejemplo de abuso institucional. “No entendemos por qué lo tratan como a un migrante indocumentado. Tiene visa vigente. Entró de forma legal. ¿Por qué encerrarlo en un centro como ese?”, se preguntó el padre de Carlos.

La familia insiste en que la detención de sus hijos es un exceso, y que lo único que exigen es que se les respete el debido proceso. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una explicación oficial sobre los motivos de su prolongada reclusión ni sobre el porqué de la falta de acceso legal.

¿Qué pasará con los hermanos González?

Sin número de caso, sin defensa y sin respuesta por parte de las autoridades migratorias, Carlos y Alejandro González permanecen en un limbo legal, atrapados en una prisión diseñada para intimidar. Su historia ha encendido alarmas sobre las condiciones de los centros migratorios y los derechos de quienes, como ellos, viajan con documentación válida y aún así terminan criminalizados por el solo hecho de ser latinos.

El gobierno mexicano ha prometido seguir con el acompañamiento, mientras la familia no cesa de exigir lo que parece obvio: una explicación, justicia y libertad para sus hijos.

Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.