“El Estado mexicano no pudo responder ningún cuestionamiento ante la CIDH”: jueza Carmen López
Fue una de las presentes en la reunión en Washington y asegura que se sentó un precedente
En entrevista con Guillermo Ortega para El Financiero, la jueza Carmen López, adscrita al juzgado Cuarto de distrito auxiliar de Zacatecas, habló sobre la Reforma Judicial impulsada por el gobierno mexicano, así como sobre la respuesta del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según López Fabián, el gobierno no pudo contestar ninguna de las preguntas planteadas por los miembros de la comisión ni por los quejosos, lo que dejó en evidencia la falta de un fundamento sólido para la reforma.
López Fabián destacó que, durante la audiencia en la CIDH, el Estado mexicano no pudo presentar ningún argumento convincente sobre la necesidad urgente de la reforma judicial. Señaló que, en lugar de proporcionar datos precisos y justificaciones claras sobre por qué la reforma debía ser aprobada rápidamente, el gobierno quedó “parado” ante los cuestionamientos de los jueces y magistrados que expresaron sus preocupaciones.
"La Comisión Interamericana es una instancia a la que se recurre cuando no existe un diálogo con el Estado. Lo que vimos fue un Estado que no sabe dar respuestas", afirmó la jueza.
Criticó la falta de claridad sobre cómo la reforma garantizaría la llegada de los mejores perfiles para el sistema judicial, cómo evitaría la infiltración del crimen organizado en el poder judicial y cómo garantizaría la separación de poderes, cuestiones clave que no fueron abordadas adecuadamente por las autoridades.
#ConOrtegaALas10 | “Queda un estado sin respuestas ni datos claros sobre la urgencia de esta reforma,” afirma Carmen López, del juzgado cuarto de distrito en Zacatecas, tras la discusión en la CIDH sobre la iniciativa de reforma judicial.
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 13, 2024
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Reforma Judicial no resuelve los problemas estructurales
López expresó que la Reforma Judicial no resuelve los problemas estructurales del sistema de justicia en México ni responde a las demandas de los jueces y magistrados. Afirmó que la reforma no toma en cuenta todos los aspectos necesarios para mejorar la impartición de justicia, y que, por el contrario, podría tener consecuencias negativas para la independencia judicial y los derechos humanos.
"Manda el mensaje que estamos vigilando lo que se está haciendo en México, cómo se están tutelando los derechos humanos de los jueces y juezas, y cómo se respetarán los derechos humanos en el futuro", dijo, dejando claro que la CIDH estará atenta a la implementación de la reforma.
La jueza también advirtió que la reforma podría sentar un precedente peligroso para el país, al afectarse los derechos de los servidores judiciales sin una investigación adecuada y sin un proceso transparente.
Señaló que el despido masivo de jueces y magistrados constituye una grave violación al Estado de Derecho. La jueza cuestionó las acusaciones generalizadas de corrupción contra los jueces y el hecho de que no se haya realizado un análisis caso por caso. Lamentó que el gobierno de México no hubiera considerado el impacto que tendría esta medida en el personal judicial que ha pasado años ganándose su derecho a ejercer la judicatura.
"Nos están quitando el derecho sin ninguna investigación. Acusan a todos los jueces de ser corruptos, de liberar criminales, sin evaluar los casos individuales", declaró López Fabián.
Además, criticó la eliminación de la paridad de género en el sistema judicial, subrayando que muchas mujeres juezas, que habían roto barreras y "techos de cristal", ahora se ven afectadas por decisiones que desmantelan años de avances en equidad de género.
Un precedente importante
Finalmente, la jueza subrayó la importancia de que la CIDH intervenga en el caso y advirtió que, de no tomarse en cuenta las recomendaciones de este organismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría tomar cartas en el asunto, lo que pondría en evidencia la falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano ante los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
López Fabián concluyó que el balance de la intervención ante la CIDH fue positivo para los quejosos, ya que presentaron "argumentos claros, contundentes y datos duros" sobre cómo la reforma afecta a todos los involucrados en la administración de justicia. En contraste, el Estado mexicano no pudo ofrecer respuestas adecuadas y, según la jueza, se limitó a repetir declaraciones sin sustento.
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