“La nueva Ley de Amparo protege al poder, no al ciudadano”: advierte Francisco Burgoa

El abogado constitucionalista Francisco Burgoa advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el gobierno federal y aprobada de manera apresurada en el Senado, representa un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, al fortalecer las facultades de las autoridades por encima de las personas.

“Esta reforma no está del lado de las personas, está del lado de la autoridad”, señaló Burgoa durante una entrevista con Guillermo Ortega en su noticiero “Con Ortega a las 10”.

Una aprobación “precipitada y preocupante”

El especialista cuestionó la celeridad con la que se discutió y aprobó la iniciativa, asegurando que el proceso legislativo fue una “simulación”, ya que las opiniones de especialistas convocados a audiencias públicas no fueron consideradas en el dictamen final.

Burgoa explicó que incluso el artículo transitorio que pretende aplicar la reforma de manera retroactiva a juicios en curso, viola el orden constitucional, y constituye “una muestra más de una deficiente técnica legislativa”.

“Una reforma de esta naturaleza requería reflexión y deliberación auténtica, no una simulación. Pretender aplicar retroactivamente una ley que debilita derechos es inaceptable”, apuntó.

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El riesgo: limitar el acceso a la justicia

Uno de los aspectos más preocupantes, según el abogado, es el impacto sobre la figura de la suspensión del acto reclamado, un mecanismo clave del juicio de amparo que impide que los actos de autoridad se ejecuten mientras se resuelve el fondo del asunto.

Con la nueva ley, dijo, será mucho más difícil obtener suspensiones provisionales o definitivas, lo que dejaría a los ciudadanos en la indefensión ante posibles abusos del poder.

“Están desmembrando al amparo de una de sus partes más importantes. Si la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea una cuenta injustamente, el afectado ya no podrá acceder a una suspensión que le permita usar sus recursos mientras demuestra su inocencia”, ejemplificó.

“Se debilita una institución de casi dos siglos”

Burgoa subrayó que esta reforma afecta derechos fundamentales, como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, ambos protegidos por el artículo 17 constitucional.

A su juicio, la reforma no fortalece el juicio de amparo, sino que lo debilita deliberadamente para proteger decisiones del poder político.

“Esta reforma está pensada para proteger al poder, no a las personas. Atenta contra el principio pro persona del artículo primero constitucional”, dijo.

Retroactividad y contradicciones del Ejecutivo

Uno de los puntos más polémicos es la retroactividad incluida en un artículo transitorio, que no formaba parte del proyecto original del Ejecutivo. El abogado destacó que incluso la propia Presidencia de la República ha solicitado eliminarlo, reconociendo implícitamente que la reforma es regresiva.

“Si fuera progresiva, no habría problema en aplicarla retroactivamente. El hecho de que el Ejecutivo pida eliminar ese transitorio confirma que la reforma vulnera derechos”, sostuvo.

A la espera del debate en Diputados

Burgoa confió en que la Cámara de Diputados modifique o elimine los artículos más controversiales antes de su aprobación definitiva.
Mientras tanto, advirtió que el país podría enfrentar un debilitamiento institucional grave en uno de los mecanismos más importantes para la defensa de los derechos humanos: el juicio de amparo.

“Estamos viendo cómo se destruye, paso a paso, una institución que por casi dos siglos ha protegido a las personas frente al abuso del poder”, concluyó.