Ley de Amparo: ¿qué cambia y en qué consiste la reforma aprobada por el Senado?
La iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum, digitaliza juicios y reduce plazos, pero desató controversia por la propuesta de retroactividad, que la oposición califica de inconstitucional

Con 76 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó la Reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo propósito oficial es modernizar y agilizar el juicio de amparo para hacerlo más accesible a la ciudadanía.
La aprobación ha desatado un debate intenso: mientras la mayoría parlamentaria sostiene que los cambios representan un avance en justicia social, la oposición alerta que se trata de un retroceso en derechos fundamentales, sobre todo por la inclusión de una reserva de última hora que contempla la aplicación retroactiva de la reforma.
¿Qué es el juicio de amparo?
El juicio de amparo es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en México. Se trata de una herramienta constitucional que protege a las personas frente a actos u omisiones de autoridades que puedan vulnerar sus derechos.
En términos prácticos, cualquier ciudadano puede recurrir al amparo cuando considera que una ley, norma general o resolución administrativa afecta sus garantías individuales, convirtiéndose en un escudo legal frente a posibles abusos del poder.
📌 El Senado aprobó reformas para modernizar el juicio de amparo, ahora tendrá plazos para su otorgamiento y podrá solicitarse de forma digital, haciéndolo más ágil y cercano a la ciudadanía. Además, se evita su uso indebido para retrasar el pago de deudas fiscales, con esto se… pic.twitter.com/lKsycESXBp
— Senado de México (@senadomexicano) October 2, 2025
¿Qué busca la Reforma a la Ley de Amparo?
De acuerdo con legisladores de Morena, la reforma tiene como eje principal la modernización y digitalización del juicio de amparo, con el fin de hacerlo más eficiente, rápido y cercano a la población.
Entre los puntos más relevantes destacan:
Digitalización total del proceso: se reconoce el mismo valor legal a los expedientes electrónicos que a los físicos, permitiendo que todo el trámite pueda realizarse en línea.
Plazos reducidos: los jueces tendrán un máximo de 90 días naturales para dictar sentencia después de la audiencia constitucional.
Menos dilaciones: los jueces podrán desechar recusaciones que sean utilizadas de manera abusiva para retrasar los procesos.
Redefinición del interés legítimo: ahora puede ser individual o colectivo, eliminando la obligación de demostrar una afectación “actual” y “directa”. Esto abre la puerta a que grupos de ciudadanos, asociaciones o colectivos puedan promover amparos en defensa de intereses comunes.
La controversia por la retroactividad
Uno de los puntos más polémicos fue la reserva presentada por Morena que plantea la posibilidad de aplicar la reforma de manera retroactiva.
Aunque el senador Manuel Huerta aseguró que la retroactividad no afectaría casos pasados, la oposición advirtió que se trata de una medida inconstitucional, ya que contraviene el artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente aplicar la ley en perjuicio de situaciones jurídicas anteriores.
“La retroactividad es una violación directa a las garantías individuales”, alertó la senadora Carolina Viggiano (PRI), quien también cuestionó la rapidez con la que se procesó y votó el dictamen.
¿Por qué la oposición rechaza la reforma?
Para los partidos de oposición, la Reforma a la Ley de Amparo representa un riesgo para la defensa de los derechos humanos y un debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Los legisladores críticos sostienen que los cambios abren la puerta a que el Estado tenga mayor control sobre los procesos judiciales, limitando la capacidad de los ciudadanos para impugnar leyes o actos de autoridad.
En contraste, Morena y sus aliados defienden que la reforma fortalece la justicia, evita abusos en la presentación de amparos y reduce la saturación en los tribunales federales.
Reforma a la Ley de Amparo: ¿avance o retroceso?
La discusión de fondo refleja una tensión histórica en México: por un lado, la necesidad de modernizar y digitalizar el sistema judicial, y por otro, la defensa de los derechos ciudadanos frente al poder del Estado.
Con la aprobación en el Senado, la Reforma a la Ley de Amparo avanza hacia su promulgación definitiva, aunque todavía enfrenta un escenario de impugnaciones y cuestionamientos legales que podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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