Los quieren callar y presionar: estas son las denuncias de los familiares de las víctimas de la explosión de Iztapalapa

A dos semanas de la tragedia en el Puente de la Concordia, los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas de la empresa Transportadora Silza en Iztapalapa han denunciado no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también un presunto entramado de presiones, abusos y posibles actos de corrupción por parte de autoridades y abogados enviados para representarlos.

Denuncias contra funcionarios y abogados

De acuerdo con testimonios recabados, personal del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) habría presionado a los familiares para que no declararan a medios de comunicación y, además, habrían alterado el contenido de las declaraciones ministeriales.

Un familiar relató a N+:

“Yo creo que la empresa ya habló con ellos y nos están hostigando, insistiendo, presionando. Primero dijeron que íbamos a ampliar la denuncia, luego resultó que no, que la cambiaron. Leí lo que me pusieron y dije: ‘Yo no dije esto’”.

A esto se suma la denuncia de que los abogados enviados por las autoridades exigieron una comisión del 20% de lo que cada familia reciba como reparación del daño, pese a que al inicio aseguraron que su servicio sería gratuito.

“Nos dijeron que era gratis, pero después el licenciado pidió el 20%. Se metieron a un cuarto con los de la empresa y a varios les ofrecieron algo, no sabemos cuánto”, denunciaron familiares.

Ante la presión, muchas familias han optado por guardar silencio sobre la condición de salud de los heridos.

Ahora, las familias deben lidiar no sólo con el duelo por las víctimas de la explosión, sino también con presuntas:

• Alternaciones de declaraciones

• Presiones para guardar silencio ante medios

• Abogados que buscan quedarse con el 20% de la reparación del daño

Ante la presión, los familiares optan por callar de la situación y se niegan a informar sobre la condición de salud de los lesionados o dar declaraciones.

Los abusos también se habrían visto reflejados en la alteración al contenido de sus declaraciones ministeriales; “yo creo la empresa ya habló con ellos, nos están hostigando”, declararon familiares de víctimas de la explosión en Iztapalapa.

Un saldo devastador

Hasta el 23 de septiembre de 2025, la tragedia ha dejado 29 personas muertas, 16 hospitalizadas y 39 dadas de alta. Entre los sobrevivientes está Erick Mateo Terán Hernández, joven originario de Maltrata, Veracruz, quien sufrió quemaduras de segundo grado y recibió diez injertos de piel en ambos brazos.

Su hermano, Ángel Terán, denunció que a pesar de la gravedad de las lesiones, Erick fue dado de alta prematuramente del Hospital General Regional 197 del IMSS en Texcoco, sin analgésicos y únicamente con antibióticos.

“El viernes 19 lo dieron de alta, aunque pedimos que lo dejaran unos días más. Dijeron que no había espacio en el hospital. Otros pacientes que recibieron injertos regresaron al día siguiente con fiebre. Es un riesgo porque los cuidados en casa no son los mismos”, señaló.

Obstáculos económicos y médicos

El joven permanece en la CDMX en una casa rentada por su familia, pero el traslado al hospital implica un gasto de 800 pesos diarios en viajes de Tláhuac a Texcoco. Por su condición física —brazos vendados y movilidad limitada— no puede transportarse en metro o autobús, ya que correría riesgo de lesiones.

Además, Erick enfrenta una recuperación incierta: el próximo 25 de septiembre será sometido a otra cirugía de injerto, aunque aún no se considera estable. Su familia teme que no recupere la movilidad suficiente para valerse por sí mismo ni reincorporarse al trabajo.

Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que los pacientes reciban la atención necesaria y sin prisas administrativas.

Pidieron el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez y el director del IMSS Zoé Robledo.

“No pedimos privilegios, pedimos que no se deje solos a los heridos, que no se les dé de alta cuando todavía necesitan cuidados. No podemos permitir que el dolor se convierta en negocio”, señalaron familiares.

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