¿Quién es José Luis Abarca? El exalcalde de Iguala vinculado con Ayotzinapa que libró condena de 92 años
Ayotzinapa y más allá: los crímenes que aún persiguen a José Luis Abarca Velázquez
A un día de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el nombre de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, vuelve a ocupar titulares. Un Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas otorgó una suspensión que frena la ejecución de la condena de 92 años y seis meses de prisión que se le había impuesto en 2023 por el secuestro de siete activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), entre ellos el dirigente campesino Arturo Hernández Cardona.
Aunque esta resolución no significa su liberación, sí representa una victoria legal temporal para el exalcalde, quien permanece en prisión por otros delitos. La medida se mantendrá hasta que se resuelva el amparo interpuesto por su defensa.
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La sombra de Ayotzinapa
José Luis Abarca fue detenido en 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre él pesaban acusaciones de haber dado la orden de detener y entregar a los estudiantes a un grupo criminal, aunque finalmente fue absuelto por falta de pruebas.
En este nuevo proceso, el tribunal determinó que los padres y madres de los normalistas no pueden ser considerados terceros interesados en el amparo promovido por Abarca, ya que la condena en disputa se circunscribe al delito de secuestro de integrantes del FUP ocurrido en 2013, un año antes de la tragedia de Ayotzinapa.
El tribunal especificó que las únicas víctimas directas de este caso son:
Nicolás Mendoza Villa
Gregorio Dante Cervantes Delgado
Efraín Amantes Luna
Héctor Arroyo Delgado
Bogar Román Altamirano
Rubí Díaz Mena
Carolina Mena Marchan
así como sus familiares inmediatos.
Crímenes que lo mantienen tras las rejas
Aunque el exalcalde de Iguala logró librar los señalamientos más graves relacionados con Ayotzinapa, sigue acumulando procesos judiciales.
En 2023, un juez federal lo condenó a 92 años de prisión y una multa de 920 mil pesos por el secuestro de los activistas del FUP, incluido Arturo Hernández Cardona, encontrado sin vida en 2013 con señales de tortura.
En abril de 2023, fue sentenciado a 20 años adicionales de cárcel por ordenar el asesinato de su compañero de cabildo, Justino Carvajal Salgado, primo de la actual gobernadora Evelyn Salgado y sobrino del senador Félix Salgado Macedonio.
Además, enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque fue absuelto del delito de delincuencia organizada vinculado con Guerreros Unidos, el grupo criminal señalado en la desaparición de los 43.
Las víctimas hablan
El testimonio de los sobrevivientes ha sido clave en la reconstrucción de los hechos. En 2014, Nicolás Mendoza Villa relató a El País:
“Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza a Hernández Cardona. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”.
Este tipo de declaraciones, junto con las pruebas recabadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fueron determinantes para la sentencia original. Sin embargo, la defensa de Abarca ha sabido explotar inconsistencias procesales y denuncias de tortura contra testigos, lo que ha permitido revertir varias resoluciones.
Una decisión que indigna
La suspensión de la condena llega en un momento particularmente sensible: el aniversario número 11 de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Madres, padres y sobrevivientes han reiterado que no descansarán hasta que se haga justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con estas resoluciones judiciales:
“No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación…”
Mientras tanto, familiares y activistas iniciaron una nueva jornada de lucha con protestas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, recordando que el caso Ayotzinapa sigue abierto y sin justicia plena.
La historia de José Luis Abarca es el reflejo de cómo la corrupción, la impunidad y la violencia política han marcado a México durante la última década. Aunque algunos tribunales han desestimado pruebas en su contra, para las familias de las víctimas sigue siendo uno de los rostros más oscuros de la tragedia de Iguala.
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