Diputados endurecen castigos por despojo: hasta 15 años de cárcel en México
La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para aumentar las penas por el delito de despojo, una conducta que afecta a miles de familias, especialmente en el Estado de México
La Cámara de Diputados aprobó este jueves reformas al Código Penal Federal para endurecer las penas por el delito de despojo, que ahora podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, una medida impulsada ante el crecimiento de esta conducta en distintas regiones del país.
El dictamen, que obtuvo 413 votos a favor y cero en contra, fue turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación.
“Un cáncer social que arrebata el patrimonio familiar”
El diputado morenista Gerardo Ulloa defendió las modificaciones al afirmar que el despojo se ha convertido en “un flagelo social” que vulnera la seguridad y el patrimonio de miles de familias.
“Un cáncer, un flagelo social que arrebata a miles de familias lo construido durante muchos años, dejándolos sin hogar y sin esperanza”, expresó ante el Pleno.
El legislador subrayó que detrás de cada caso hay historias de abuso, amenazas, violencia e injusticia, y denunció que la expansión de este delito ha sido posible por la complicidad u omisión de autoridades locales.
Edomex, epicentro del despojo: 42 mil casos en 10 años
De acuerdo con datos presentados por Ulloa, tan solo en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo en la última década.
Los municipios más afectados son:
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco y Tecámac, zonas donde operan grupos dedicados al despojo violento o fraudulento de terrenos y viviendas.
🏡🔴 No solo Carlota "N": Edomex reportó más de 4 mil casos de despojo de viviendas en 2024 https://t.co/a5BkaePsca
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) April 9, 2025
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Así quedan las nuevas penas
La reforma modifica el artículo 395 del Código Penal Federal, elevando las sanciones de forma significativa:
De 6 a 10 años de prisión (antes: 3 meses a 5 años).
Hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por un servidor público o vaya en contra de adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Multas de 500 a 2,000 UMAs, equivalentes a 56,570 a 226,280 pesos (antes: 50 a 500 pesos).
Ulloa advirtió que muchos casos han involucrado a autoridades coludidas con grupos criminales, por lo que era urgente elevar las penas.
“Este delito ha aumentado no solo por omisión, sino por la complicidad de servidores públicos con delincuentes”, señaló.
Aprobación unánime y sin discusión
El dictamen avanzó sin reservas ni posicionamientos en contra, reflejando un consenso legislativo ante la presión social por mayor protección del patrimonio familiar.
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