Elección judicial: INE no validará triunfos a candidatos con antecedentes por violencia o pensión pendiente
Con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General aprobó la resolución
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo que permitirá anular los resultados de la elección judicial en caso de que los candidatos ganadores tengan sentencia firme por delitos de violencia de género, sean deudores alimentarios o estén prófugos de la justicia.
La decisión fue tomada durante la sesión del 24 de abril, con ocho votos a favor y tres en contra, incluyendo el de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien argumentó que el acuerdo representa un “exceso de atribuciones” por parte del instituto.
El mecanismo aprobado establece que ciudadanos y organizaciones podrán presentar denuncias mediante el portal “Conóceles” a partir del 25 de abril, así como en los Consejos Locales y Distritales del INE. La Secretaría Ejecutiva será la encargada de reunir evidencias, solicitar información y elaborar un anteproyecto de resolución, que deberá aprobarse a más tardar el 15 de mayo.
“Si el 3 de junio el INE tiene copias certificadas de sentencias firmes sobre condiciones prohibidas por la Constitución, no veo cómo el INE pueda evitar no declarar la validez de esa elección”, declaró el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.
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Requisitos de elegibilidad y suspensión de derechos
Con base en el artículo 38 de la Constitución, los derechos políticos se suspenden a quienes tengan sentencia firme por delitos dolosos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, la seguridad personal, el desarrollo psicosexual, así como por violencia familiar o violencia política de género. También aplica a personas prófugas o con antecedentes como deudores alimentarios.
Todos los aspirantes deberán presentar una declaración bajo protesta de decir verdad, así como un certificado de no deudor alimentario para acreditar su elegibilidad ante el INE.
“Estamos en campaña, sí, pero eso no impide garantizar que quienes resulten electos cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo”, enfatizó la consejera Claudia Zavala, impulsora del acuerdo.
Controversia en el Consejo General
La consejera presidenta Guadalupe Taddei votó en contra del proyecto, señalando que vulnera el principio de presunción de inocencia y representa una intromisión en el proceso electoral iniciado por el Senado.
“Por certeza y seguridad jurídica no podemos alterar las reglas de participación en este momento, pues se sentaría un mal precedente”, sostuvo.
Pese a la división en el órgano electoral, la mayoría de consejeros defendieron la medida como una acción necesaria para garantizar que las personas con antecedentes de violencia no accedan a cargos de poder en el sistema de justicia.
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