Niña indígena de 11 años viaja 4 horas a Huauchinango para denunciar violación y no la atienten por hablar náhuatl

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una niña indígena de 11 años —originaria de Atla, Pahuatlán, Puebla— emprendió con su madre, hermano y abuela un recorrido de más de cuatro horas para denunciar una violación. Buscaban justicia. Pero al llegar a la Fiscalía Regional de Huauchinango, su testimonio no pudo ser recibido: no había un traductor certificado de náhuatl.

La menor había acudido primero a la Casa de Justicia de Huauchinango; sin embargo, la agente del Ministerio Público, Damayanti Zamora Moreno, reiteró que sin intérprete no podían iniciar la carpeta de investigación. La familia quedó en espera, sin acompañamiento institucional, pese a la urgencia del caso.

Violencia institucional en Puebla: cuando la justicia no habla náhuatl

La falta de traductores no fue un error aislado: colectivos feministas y defensoras comunitarias denunciaron que este vacío es una forma de violencia estructural que impide el acceso a la justicia para mujeres y niñas indígenas en Puebla. La activista Valeria Fuentes lo expuso así en redes:

“Una niña de 11 años llegó a pedir justicia... pero su palabra no fue escuchada por no hablar español”.

La crítica escaló. Habitantes y acompañantes de la región señalaron que ni el Ayuntamiento de Pahuatlán ni el DIF municipal brindaron apoyo durante el intento de denuncia, pese a que ese mismo día el gobierno local difundía mensajes conmemorativos por el Día Naranja.

Colectivas como Vivas Nos Queremos Xicotepec y defensoras como Olimpia Coral intervinieron, presionaron públicamente y consiguieron un intérprete de náhuatl para que la menor pudiera declarar. Aseguran que sin su participación, la niña habría regresado a su comunidad sin denunciar.

Reacción tardía de autoridades: investigación inicia al día siguiente

Esa misma noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció públicamente que no contaba con un perito traductor en náhuatl al momento de la denuncia. Un día después —tras la presión social— informó que la niña y su familia fueron trasladadas al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, donde recibieron resguardo, acompañamiento médico, legal y psicológico.

Posteriormente, la Asociación Civil Especializada en Lengua Náhuatl aportó una traductora certificada para tomar la declaración oficial. La FGE inició formalmente la investigación por violación equiparada y aseguró que presentará datos de prueba para llevar al responsable ante los tribunales.

Detención del presunto agresor: su tío, dueño de la panadería donde trabajaba

Días después, la Fiscalía anunció la aprehensión de Eduardo “N”, de 32 años, tío de la menor y propietario de la panadería donde ella trabajaba. Según la carpeta de investigación, la agresión ocurrió por primera vez en julio y se repitió el 25 de octubre de 2024, bajo amenazas para impedir que la niña hablara.

Integrantes de la Unidad Interdisciplinaria de la FGE recabaron testimonios, evaluaciones médicas y psicológicas; con el apoyo de un traductor nahuahablante de Pahuatlán obtuvieron evidencia suficiente para solicitar la orden de captura.

La exigencia que queda abierta: intérpretes para que la justicia no excluya

Aunque el agresor fue detenido, el caso expuso una falla estructural que afecta a niñas, mujeres y comunidades indígenas en Puebla. Activistas advierten que no es un hecho aislado: la ausencia de intérpretes certificados revictimiza y silencia.

Colectivas piden a la FGE, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva garantizar personal bilingüe: ministerios públicos, abogadas e intérpretes nahuahablantes en cada región.

La Secretaría de las Mujeres informó que ya trabaja con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para integrar abogadas hablantes de lenguas originarias en los Centros LIBRE-Casa Carmen Serdán. El gobierno estatal también anunció fondos para contratar 100 ministerios públicos y jóvenes abogados indígenas.

Huauchinango, entre los municipios con más denuncias de violación

Entre enero y octubre se registraron 356 denuncias de violación contra mujeres en Puebla. La capital concentra 103 casos, seguida por San Andrés Cholula (14), Tehuacán (13), Amozoc y Huauchinango (12 cada uno). En este último —municipio de población mayoritariamente indígena— el delito creció 71% en el último año, de acuerdo con datos de la FGE.

El caso de esta niña es un recordatorio urgente: sin intérpretes, no hay justicia.
La violencia no solo está en el agresor, sino también en las instituciones que no escuchan.

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