Entre tensiones y señalamientos: así se da la renuncia de Gertz Manero a la FGR

La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) puso fin a una etapa institucional que comenzó en enero de 2019, cuando fue electo por el Senado como el primer titular de la nueva fiscalía autónoma. Su nombramiento inauguró un periodo que prometía fortalecer la independencia de la procuración de justicia, pero que terminó marcado por múltiples cuestionamientos en el ámbito político, judicial y patrimonial.

A sus 86 años, Gertz dejó el cargo para el que estaba previsto un periodo de nueve años, con vencimiento original en 2028. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y con una trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público, llegó a la FGR con credenciales académicas y experiencia acumulada en temas de seguridad, investigación criminal y administración pública.

El ahora exfiscal inició su carrera en la antigua Procuraduría General de la República en la década de 1970. Desde entonces ocupó múltiples cargos estratégicos; fue secretario general del INAH, procurador federal de la Defensa del Trabajo, Oficial Mayor de la PGR y primer coordinador de una campaña nacional contra el narcotráfico. También encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal y, más tarde, la primera Secretaría de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Vicente Fox.

En el ámbito legislativo, participó como diputado federal y presidió la Comisión de Marina. Además, impartió cátedra en instituciones como el ITAM, la UNAM y la Universidad de las Américas. Su perfil mezclaba experiencia académica, conocimiento institucional y participación en diversas áreas del sector público, lo que generó expectativas de transformación en la nueva fiscalía autónoma.

Sin embargo, conforme avanzó su administración, esa proyección inicial comenzó a contraponerse con una serie de controversias que lo colocaron constantemente en la discusión pública.

Señalamientos por opacidad y decisiones cuestionadas

Uno de los rubros que más críticas generó fue el relacionado con la transparencia patrimonial. Organizaciones civiles y medios de comunicación documentaron que el exfiscal sería propietario de inmuebles en España valuados en varios millones de euros, presuntamente administrados mediante sociedades privadas. Gertz evitó hacer pública su declaración patrimonial completa, lo que alimentó dudas sobre la evolución de sus bienes y la naturaleza de sus inversiones personales en el extranjero.

En paralelo, la FGR fue señalada por intervenir en asuntos con implicaciones personales o políticas. El caso de Alejandra Cuevas, procesada por una figura jurídica descartada posteriormente por la Suprema Corte, se convirtió en uno de los episodios más visibles. La resolución del máximo tribunal representó un revés directo para el criterio de la fiscalía y abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

A este caso se sumaron tensiones con integrantes del propio gobierno federal. El conflicto con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, derivó en acusaciones cruzadas de presunta interferencia indebida y presiones en procesos penales. Asimismo, investigaciones de alto impacto, como las relacionadas con Rosario Robles, Emilio Lozoya o Francisco García Cabeza de Vaca, recibieron críticas por decisiones procesales señaladas como insuficientes o inconsistentes por diversos jueces.

Un cierre marcado por tensiones institucionales

Otro aspecto destacado fue el bajo porcentaje de judicialización durante su administración. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción documentaron que solo una fracción de las carpetas de investigación avanzó a etapa judicial, lo que puso en duda la eficiencia institucional y el manejo interno de expedientes.

Su actuación también generó señalamientos en el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, cuando colectivos de búsqueda denunciaron que una visita organizada por la FGR se llevó a cabo sin lineamientos técnicos, generando inconformidad y reclamos de revictimización.

La filtración de audios atribuidos al exfiscal y los cuestionamientos sobre su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores añadieron nuevos elementos de presión. La revelación de propiedades de lujo en Europa y debates sobre su actividad académica intensificaron la discusión pública, coincidiendo con episodios de fricción entre la FGR y autoridades de otros niveles de gobierno.